Ciencia abierta

13 diciembre 2013

@paolaricaurte

A Antonio, labrador del amor, el saber y el procomún

La discusión acerca del conocimiento abierto atraviesa diversos ámbitos que van desde la economía hasta las prácticas culturales. Si estamos convencidos de que el conocimiento abierto es una condición fundamental para promover la innovación y la creatividad, entonces es necesario revisar críticamente las políticas, decisiones y prácticas que lo inhiben en todos los niveles y dimensiones sociales. Una de esas dimensiones es la que concierne a la ciencia, un campo nodal dentro de la llamada sociedad del conocimiento, puesto que constituye el fundamento de la actual acumulación del capital.

La sociedad del conocimiento

Castells sostiene que hemos entrado a un nuevo paradigma tecnológico, basado en la economía del conocimiento, la microelectrónica y la ingeniería genética, que desplaza al anterior paradigma centrado en la producción energética. Este paradigma tecnológico se encuentra caracterizado por ser informacional, ya que la economía se basa en la producción y circulación de información; global, puesto que responde a un sistema económico capitalista que opera transnacionalmente; e interconectado, puesto que su fundamento son las redes y sus interacciones. Las implicaciones de este nuevo orden se expresan en todas las esferas de la vida social: “puesto que en el procesamiento de información se encuentra la fuente de la vida y la acción social, cada dominio de nuestro ecosistema social se transforma.” (1996, p.10) Esta nueva estructura social es un espacio global de intercambio simbólico y de relaciones sin precedentes.

Este nuevo orden centrado en la producción, circulación y consumo de información y conocimiento debe ser estudiado críticamente y analizarse en su complejidad. Es necesario entender los flujos de información y la producción de conocimiento en el marco de un sistema económico que da como resultado que se conviertan en mercancía y se genere un desequilibrio correspondiente con las desigualdades económicas.

El crecimiento exponencial de la información y los altos niveles en la producción de conocimiento acentúan las fracturas existentes entre las sociedades del orbe que se visibilizan en los espacios de transferencia tanto físicos como virtuales.  Un estudio realizado por el Oxford Internet Institute (Graham, Hale y Stephens, 2011) muestra la abismal disparidad geográfica de la generación de información y conocimiento en varias áreas: producción académica, lengua dominante en las publicaciones científicas, imágenes, artículos en Wikipedia, contenidos en Google, entre otras. Con respecto a la producción académica (revistas científicas indexadas) Estados Unidos y Gran Bretaña publican juntos más que el todo el resto del mundo, existe una concentración de publicaciones en un puñado de empresas editoriales (originarias de Estados Unidos y Europa) y el inglés es la lengua científica dominante (86%). En Flickr, el 47% de las cinco mil millones de fotografías que alberga, proviene de Estados Unidos. (Ricaurte, 2011)

Freidenberg (2012) plantea que la producción, difusión y consumo del conocimiento es el fundamento de los procesos culturales. Las representaciones, los imaginarios, los procesos de construcción de sentido, que se hacen visibles a partir de estos flujos de información y conocimiento son en gran medida generados en los países industrializados, principalmente anglófonos. Esta disparidad en el volumen y la capacidad de difusión información y conocimiento que transitan hoy a través de las tecnologías de la información y la comunicación puede influir en la creación de representaciones e imaginarios, en la imposición de sistemas de valores y estilos de vida propios de los paisajes étnicos, financieros, mediáticos e ideológicos (Appadurai, 1990) de los cuales emergen.

El conocimiento de otros, la visión de otros, el poder de otros. Boaventura de Souza Santos realiza un llamado a “descolonizar el saber y reinventar el poder”, a partir de la reinvidicación del “derecho al conocimiento”:

En una época de transición paradigmática, la reivindicación de este derecho constitutivo implica la necesidad de un derecho a conocimientos alternativos. Semejantes conocimientos deben fundamentarse en una nueva epistemología desde el Sur, desde el Sur no imperial. Puesto que la tensión entre la regulación social y la emancipación social también es una tensión epistemológica, el derecho a conocimientos alternativos es un derecho a alejarse del conocimiento-regulación hacia la dirección del conocimiento-emancipación, de una modalidad de conocimiento que procede el caos al orden hacia una forma de conocimiento que procede del colonialismo a la solidaridad. (p. 89)

Debemos trabajar en la comprensión de la sociedad del conocimiento como construcción común de equilibrio en el acceso a la información y a la comunicación, a los saberes y a la tecnología. Debemos defender el derecho a producir nuestro propio conocimiento y a que sea reconocido. Un tipo de conocimiento que no se someta al los intereses del mercado ni de aquellos que colonizan el saber, que responda a nuestras urgencias, nuestras geografías y nuestros rostros, conocimiento abierto, conocimiento para el procomún.

La ciencia de los expertos

Tal como se encuentra estructurado, el sistema de producción científica adolece de profundos males: no garantiza que el conocimiento sea genuino o que el reconocimiento del conocimiento producido equivalga a su calidad; restringe el acceso y favorece su control por unos pocos; responde en muchos casos a intereses de grandes corporaciones; fractura la sociedad entre los “que saben” (los expertos) y los que “no saben” (los demás); no incluye a todos los actores involucrados en los procesos científicos; promueve en los investigadores prácticas animadas por las más bajas pasiones y la peor moral.

La ciencia tramposa

Lafuente (2008) denuncia la ciencia tramposa y menciona el caso de un estudio sobre el fraude científico en Estados Unidos:

La Office of Research Integrity, responsable del estudio y organismo creado para investigar las sospechas de fraude científico, elabora cada año una media de 24 informes sobre casos sospechosos de research misconduct (conducta inapropiada de investigación). Las acciones de la ORI se producen a petición de las instituciones académicas cada vez que alguno de sus miembros es acusado de una conducta irregular o, en otros términos, de haber ocultado, inventado, manipulado o plagiado datos para favorecer las conclusiones que mejor se acomodan a sus intereses, incluido el redondeo de los datos para que las conclusiones de su trabajo merezcan el favor de alguna revista de prestigio y así poder publicar un paper.

Pero el problema no termina ahí:

…las instituciones tienden a ocultar, disfrazar o minimizar estas corruptelas por temor a que se deteriore la imagen de la institución y, como consecuencia, perder alumnos o recursos. De hecho, el 43% de quienes denunciaron la existencia de tramposos han declarado que se les presionó para que retiraran la acusación.

Ya no mencionaremos aquí las trampas de los sistemas de citas, el problema de la revisión por pares, la parcialidad de los comités de evaluación, las luchas entre poderes e intereses de distintos grupos, los clanes académicos cerrados, la apropiación del trabajo de otros, entre las múltiples deformidades de la academia.

La tiranía de las publicaciones

El actual sistema de producción científica se basa en la premisa de que las patentes y las publicaciones en revistas académicas son la evidencia más relevante del avance en el conocimiento científico y del nivel de productividad de los investigadores. Los sistemas de evaluación y medición se encuentran fundamentados en este argumento, principalmente a través de indicadores cuantitativos.

En cuanto a la publicación en revistas académicas, los investigadores deben cumplir con requisitos establecidos por los organismos evaluadores (instituciones, comités, etc.) alineados con ciertos parámetros a nivel global: alcanzar un cierto índice h, que las revistas pertenezcan a editoriales reconocidas, con revisión por pares, un cierto factor de impacto, de preferencia en inglés. No ajustarse a estos criterios trae como consecuencia un conjunto de sanciones que van desde económicas y laborales hasta la exclusión formal de los circuitos académicos. Plantea Antonio Lafuente que los académicos viven entonces de la “economía de la reputación”: publicar o morir. “Los científicos están tan presionados para producir papers que caen en el juego de la simulación: en vez de hacer un paper bueno cada cuatro años, publican cuatro mediocres en un año.”

Según el Premio Nobel de medicina Randy Sheckman: “Las principales revistas académicas están distorsionando el proceso científico y representan una “tiranía” que hay que romper.”

La historia de Évariste Galois (1811-1832), eminente matemático francés, es un ejemplo de cómo estamos desvirtuando el impacto de la producción científica en nuestro siglo. Después de varios rechazos para publicar sus papers, consiguió publicar tres textos que tienen implicaciones para todas las ramas de la matemática. Muerto en duelo a los veinte años, “su índice h es dos y será así por siempre, independientemente del impacto de su trabajo” y de su trascendencia para la humanidad.

Probablemente tampoco Roland Barthes hubiera alcanzado los estándares actuales para pertenecer a la comunidad científica, puesto que su obra se difundió principalmente a través de periódicos y lo mismo escribía de moda que de antropología. Los revisores de los comités científicos probablemente le hubieran recomendado definir su línea de investigación y publicar en revistas de reconocido prestigio.

Los fondos para la investigación

Por una parte, el producto de la investigación financiada con dinero público y/o de un académico adscrito a una institución pública, debería, por ley o por política, ser accesible de manera abierta a la sociedad que es quien aporta los recursos.

Las publicaciones en las revistas científicas que pertenecen a un grupo de cinco editoriales que concentran el monopolio de la distribución del conocimiento científico en el mundo realizan un negocio redondo a partir de las publicaciones de los académicos. Pensemos en el caso de un académico que trabaja en una universidad pública, es decir, cuya labor se paga con los impuestos de la sociedad y que publica en una de estas revistas científicas para poder avanzar en su carrera académica: primero, debe pagarle a la revista por su publicación (en ocasiones cantidades exorbitantes, de hasta 1200 dólares); segundo, la universidad pagará sumas extraordinarias a estas editoriales académicas para que sus científicos puedan tener acceso a conocimiento actualizado; tercero, una persona que quiera leer el artículo, deberá pagar entre 25 y 150 dólares a la editorial. Es decir, tanto la universidad como el académico contribuyen -a veces sin pensarlo- a la privatización del conocimiento, puesto que la persona que invirtió en la generación de ese conocimiento -el ciudadano- no tiene acceso libre a él. Se convierte en un círculo vicioso que no beneficia a quien debe beneficiar: la sociedad en general. Un ejemplo de una política adecuada en ese sentido es el de la Universidad de Harvard, que adoptó el acceso abierto a sus publicaciones por defecto.

Otra condición, cada vez más frecuente en las instituciones, es que los investigadores atraigan fondos privados para sus proyectos. Bajo este esquema es necesario pensar de manera crítica el papel de los investigadores que frente al favor del “grant” deben ajustar sus intereses y juicios a las voluntades de la empresa. De acuerdo con Lafuente, 50% de los ensayos clínicos no son publicados porque no hablan bien de las farmacéuticas o en el caso de expertos que trabajan para una multinacional bajo la bandera de la salud pública, en 34% de los casos existe conflicto de intereses. Bajo la bandera del benefit share multiplican los propietarios del conocimiento, la estrategia: “te hago copartícipe de los beneficios pero eres cómplice de la destrucción del mundo”.

Por otro lado, habría que cuestionar también las alianzas de las propias instituciones académicas con empresas privadas (farmacéuticas, tecnológicas, etc.) que financian investigaciones que tienen como objetivo principal generar un beneficio económico a la empresa a través de proyectos que aparentemente tienen un interés en la producción de conocimiento y el beneficio social.

Decía Aaron Swartz que nada podría lograrse si somos esclavos de la industria privada. En el ámbito académico, implicaría liberamos del dominio de los intereses del dinero y la influencia corporativa.

La ciencia por amor

Antonio Lafuente habla de la “ciencia por amor” en referencia a “economías políticas que no se rigen por los imaginarios del autor, el experto o el propietario” (2011, 2013), hacer ciencia no bajo los esquemas de la producción capitalista: la productividad, la eficiencia, la efectividad, sino por el gozo, el disfrute. No como algo reservado a los iluminados, sino como un producto compartido, incluyente de todos los actores en juego, los ciudadanos, . No para que alguien se apropie de ella en lo particular, sino para que se redistribuya de la manera en que es producida desde siempre: colectivamente, porque “la ciencia es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los científicos”. Destaca también la relación entre la ciencia y el procomún (2007): el conocimiento como un bien generado por todos y que nos pertenece a todos. No podemos permitir que unos cuantos se apropien del conocimiento, “cuando el conocimiento lo hemos creado entre todos, de manera distribuida y simultánea”. Dice Lafuente:

La ciencia abierta no es solamente una obligación moral, es también un favor que nos debemos para hacer sociedades más capaces de aprovechar el conocimiento de todos. Las sociedades abiertas son más virtuosas. Por ello debemos trabajar para construir sociedades más capaces de aprovechar el conocimiento de todos.

Conclusión

Los gobiernos y las instituciones deben abrir el cuestionamiento ético acerca de los monopolios en la producción y circulación de los saberes, la necesidad de políticas públicas que inviertan en desarrollo científico y tecnológico a partir de la apertura.

Una ética de la producción y difusión del conocimiento de manera abierta y compartida va en contra de la lógica del sistema financiero global, pero puede contribuir a contrarrestar las desigualdades en términos de concentración de información, conocimiento y capital. La adopción del conocimiento abierto como política universal para la promoción de saberes que contribuya al desarrollo de la humanidad, a la creatividad y la innovación, la formación de memorias colectivas e imaginarios diversos debe ser parte de las prioridades de nuestro país y nuestra región.

Referencias

Appadurai, A. (1990). Disjuncture and difference in the global culture economy. Theory, Culture, and Society, 7: 295-310.

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I. Cambridge, MA, Oxford: Blackwell.

Freidenberg, J (2012).Open or closed access? Society for Applied Anthropology Newsletter, 23(2):12.

Graham, M., Hale, S. A. and Stephens, M. (2011) Geographies of the World’s Knowledge. London: Convoco Edition.

Lafuente, A. (2007). Los cuatro entornos del procomún. http://digital.csic.es/bitstream/10261/2746/1/cuatro_entornos_procomun.pdf

Lafuente, A. (2008) Ciencia tramposa. Tecnocidanos. http://www.madrimasd.org/blogs/tecnocidanos/?p=95413

Lafuente, A. (2008). La ciencia por amor y la ciencia por la ciencia. Tecnocidanos. http://www.madrimasd.org/blogs/tecnocidanos/?p=94575

Lafuente, A., Andoni, A. y Rodríguez, J. (2013). ¡Todos sabios! Ciencia ciudadana y conocimiento expandido. Madrid: Cátedra.

Lafuente, A. y Andoni, A. (2011). Ciencia expandida, naturaleza común y saber profano. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes.

Ricaurte, P. (2011). Geografías del conocimiento. Humanidades Digitales. http://humanidadesdigitales.tumblr.com/